Un juzgado ha paralizado cautelarmente la expropiación de los terrenos necesarios para finalizar el vial ya construido
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve de Sevilla ha accedido a la medida cautelar solicitada por dos particulares afectados por la expropiación de terrenos promovida por el Ayuntamiento de Espartinas para finalizar el vial promovido para conectar el casco urbano del municipio con el trazado aljarafeño de la autovía SE-40, y por ende con la autovía A-49, y ha suspendido provisionalmente el acta de pago y la ocupación de la finca de su propiedad.
El juzgado atiende la medida cautelar solicitada por los dueños de la finca El Escribano, después de que el pasado 8 de mayo, el pleno del Ayuntamiento de Espartinas, gobernado por Olga Hervás (Cs), aprobase definitivamente el nuevo expediente relativo a la expropiación de terrenos necesaria para finalizar el vial destinado a enlazar el casco urbano de la localidad con el trazado aljarafeño de la autovía metropolitana SE-40, pendiente de entrar en servicio, y por ende con la autovía A-49.
Y es que además de impugnar dicho acuerdo plenario de expropiación forzosa ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los propietarios de la parcela bautizada como El Escribano solicitaron que, de modo cautelar, fuese suspendida la resolución del Ayuntamiento relativa al acta de pago y ocupación de estos suelos en cuestión.
El acceso a Espartinas está prácticamente finalizado
El juzgado aborda esta petición de medida cautelar, considerando que los demandantes «acreditan las razones de especial urgencia, en cuanto que el acto administrativo que se pretende ejecutar produciría unos efectos negativos en la propiedad, que les imposibilitaría el normal uso y disfrute de su vivienda habitual», pues «la ocupación de los terrenos privados para la ejecución del viario proyectado afectaría tanto al trazado del fluido eléctrico como al abastecimiento de agua, dejándoles sin tales suministros básicos».
«El acto administrativo que se quiere ejecutar causaría perjuicios de muy difícil reparación», señala el juzgado, en referencia a la hipótesis de que los dueños ganasen al Ayuntamiento el litigio promovido ante el TSJA, pero el vial hubiese sido ya construido. Por ello, el juzgado suspende la resolución del Ayuntamiento relativa al acta de pago y ocupación de estos suelos en cuestión, aunque concediéndole un plazo de tres días para que alegue contra «el mantenimiento, levantamiento o modificación de la medida cautelar».
